El Estado colombiano es controlado desde hace un buen tiempo por los
dueños del gran capital financiero, quienes asociados a los terratenientes,
narcoparamilitares y gamonales corruptos, aquellos que durante toda nuestra historia
han saqueado el tesoro público edificando así enormes fortunas, conforman la
alianza de clases que detentan el poder. Son ellos los que han aprobado las
contrarreformas más lesivas, desataron la guerra contra el pueblo y entregaron
el país al imperialismo de los Estados Unidos.
Poco a poco, hombres y mujeres de raigambre popular han denunciado
como la siniestra alianza establecida entre los dueños de los grupos
financieros mundiales y las empresas multinacionales, los propietarios de los
grupos financieros criollos -Luis Carlos Sarmiento
Angulo, Carlos Ardila Lülle, Julio Mario Santodomingo y las pocas
familias propietarias de los grupos Empresarial Antioqueño, Bolívar y
Colpatria‐, la burguesía burocrática, los viejos y nuevos políticos tradicionales
como los Lleras -representados hoy por Germán Vargas- y los narcoparamilitares,
han conformado un sólido bloque para imponernos un régimen de extrema derecha,
dirigido a profundizar el saqueo de nuestros recursos, la dependencia, escalar
la guerra, la violencia y la represión contra el pueblo y concentrar aun más la
riqueza y la tierra en pocas manos y aislarnos de las fuerzas progresistas
latinoamericanas.
En un panorama tan complejo como el que atraviesa nuestro país,
tenemos que proponer salidas a la crisis nacional. En ese sentido, iniciemos la
discusión sobre el programa mínimo que debemos plantear para desarrollar
nuestra estrategia. Hay que profundizar en este debate, que está orientado a
combatir la inmoralidad, la ausencia de ética, la desvergüenza, la corrupción,
la violencia, la opresión y la explotación extrema de los de arriba sobre los
de abajo.
Es importante añadir que el programa es una importante herramienta
para organizar y movilizar a la población. Nos sirve, pues, junto con la propuesta
táctica –Plataforma de Lucha- y la denuncia coyuntural para aclararle al pueblo
diariamente que es lo que realmente ocurre y cuáles son los intereses y
políticas contrapuestas que implementan cada una de las clases sociales que se
confrontan en nuestra nación, así como cual es el camino que las mayorías deben
tomar para cambiar la cruel realidad que hoy nos cobija.
El programa y la plataforma de lucha pretenden concretar los intereses
históricos de los trabajadores y del pueblo, conquistar nuevos derechos y
defender los adquiridos. Para ello le presentamos a las organizaciones sociales
y populares, pueblos que coexisten en nuestro país y a todos los que quieran
participar en los foros que organizaremos, una serie de propuestas que abarcan la
solución a los principales problemas nacionales conducentes a combatir a fondo
la pobreza, la indigencia, el hambre y la desnutrición. Debemos, así, enunciar
a todos una guía política de acción y movilización, la cual pueda conducir
nuestro accionar en los próximos años, que estará orientada a alcanzar el
desarrollo armonizándolo con el medioambiente, universalizar el bienestar,
reconquistar nuestra soberanía, alcanzar la democracia, la paz e integrarnos
con nuestros pares latinoamericanos. En ese sentido, elaboraremos y plasmaremos
con nuestras bases, y con todos aquellos que quieran participar en su elaboración,
una serie de propuestas tales como:
A.
Reforma agraria integral. Colombia tierra una de las estructuras agrarias más desiguales del
mundo. El 0,6% de los propietarios poseen casi el 70% de la tierra. Esta situación
debe cambiar de inmediato. Para ello hay que garantizar el acceso directo de
los campesinos a la tierra que no tiene un uso adecuado, devolver las tierras
expropiadas por los paramilitares a los desplazados, garantizando su retorno en
condiciones de seguridad adecuadas, proteger la producción agropecuaria
nacional, apoyar con créditos, infraestructura, mercadeo y asesoría técnica a
los productores, valorizar el producto agrícola, diversificar la producción
agraria, fortaleciendo la producción de bienes básicos, y conquistar la
soberanía y seguridad alimentaria.
B.
Reforma urbana. Conducente a la liquidación de la especulación inmobiliaria, para lo
cual se requiere eliminar el sistema de UVR y sacar a los especuladores
financieros de la construcción de vivienda y de la venta de lotes urbanos, el
acceso universal a la vivienda para los pobladores urbanos mediante la creación
de un banco estatal de crédito para vivienda y constructoras oficiales municipales,
la solución del problema de movilidad a través del desarrollo de vías y medios
masivos de transporte estatales integrados -metro, trenes de cercanías,
sistemas de buses articulados, tranvías, etc.- lejos del control de los monopolistas
de este sector, reestatización y universalización de los servicios públicos en campos
y ciudades, reducción generalizada de sus tarifas y control al crecimiento
urbano en las metrópolis, desarrollando nuevos polos de atracción para la
población donde haya crecimiento productivo, subsecuentemente empleo,
estabilidad y buenos salarios para los trabajadores, adecuamiento
infraestructural, educación, salud, recreación y vivienda dignas y
abastecimiento de bienes básicos.
C.
Generación masiva de empleo. Para generar empleo
masivo proponemos el desarrollo de obras de infraestructura de gran envergadura construidas por
empresas del Estado y la obligatoriedad para el sector privado de ampliar sus
nominas. El apoyo del Estado para crear
nuevos puestos de trabajo no se dará a
los más grandes propietarios, como lo han hecho los gobiernos burgueses, sino a
los medianos y pequeños productores urbanos y rurales, quienes podrán así
generar una importante cuota de puestos de trabajo. Para resolver este problema
se necesitarán generar alrededor de un millón 250 mil empleos anuales, cosa que
sólo puede hacer un nuevo gobierno que no sea instrumento de los intereses de
los más poderosos.
D.
Reforma laboral. Diseñaremos con los trabajadores un estatuto del trabajo que les dé verdadera
estabilidad laboral, garantice fortalecer el poder adquisitivo de los empleados
mediante alzas salariales sensiblemente superiores a los índices reales de
inflación -lo cual requiere aumentar sustancialmente la oferta de bienes en el
mercado nacional para evitar brotes inflacionarios‐, dé herramientas para
obligar a los patronos a organizar el trabajo para seres humanos y no para
bestias de carga, donde hayan ocho horas de labor bien remuneradas, cuidado a
la salud del operario, un ambiente de trabajo adecuado, seguridad industrial,
ritmos de trabajo apropiados, organización del trabajo especializada, salario y
escalafones profesionales, facilite la libertad de asociación y la libertad
sindical, y vuelva obligatoria la aplicación de los convenios universales que
protegen a los obreros y sus organizaciones. El ministerio del trabajo; éste no
será un antro de corrupción y defensa de los intereses de los ricos y los
patronos sino un ente de protección a los derechos de los laboriosos. Al mismo
tiempo, se instaurará el seguro de desempleo, que equivaldrá al 80% del salario
devengado en promedio en los últimos tres años y tendrá como tope más bajo un
salario mínimo.
E.
Reforma educativa. El Estado se obligará a universalizar la educación en todos sus niveles
-preescolar, primaria, secundaria y profesional-, la hará gratuita y realmente obligatoria,
garantizando los medios infraestructurales, humanos y pedagógicos para que sea
de calidad.
F.
Reforma a la salud. La actual quiebra en el sistema de salud neoliberal y la precaria
condición de los hospitales públicos, el resurgimiento de enfermedades antes
controladas y la muerte cada vez más recurrente de los pobres frente a las
clínicas y hospitales muestran hasta qué punto hemos llegado. La salida no es
elevar los impuestos al pueblo para satisfacer los apetitos voraces de los
especuladores que hoy controlan las instituciones de salud sino su
reestatización completa. El Estado desarrollará un programa de medicina preventiva,
implementando el programa de médico por manzana que hará diagnósticos previos
del estado de salud de la población, la aconsejará en la adopción de hábitos
alimenticios y otros para prevenir enfermedades y realizará tratamientos que
estén a su alcance. Se construirán hospitales urbanos y rurales de diferentes
niveles y se habilitará al ministerio de salud para centralizar un programa
nacional de atención en salud a toda la población y un agresivo plan nacional
de saneamiento básico -tratamiento de aguas, control preventivo y biológico y eliminación
de plagas y epidemias, construcción coordinada de acueductos y alcantarillados,
etc.-, que se aplicará en todo el territorio nacional. Por otra parte, las
profesiones relacionadas con la salud se transformarán, desarrollando una mayor
formación científica y técnica y una profunda concientización social a fin de
erradicar la mentalidad de que la salud es un negocio.
G.
Reforma a la seguridad social. Se establecerá un sistema especial de
protección a la infancia reformando a fondo el Instituto de Bienestar Familiar,
el cual se desburocratizará, dejará de transferir vía TES sus fondos al
gobierno central y se eliminará el actual sistema de contratación que
posibilita la corrupción. Todos los niños miembros de familia de bajos recursos
recibirán atención especial del ICBF en nutrición, educación, recreación,
atención psicológica y social. Igualmente, se eliminará la especulación de los
fondos privados de pensiones y cesantías y se establecerá un solo fondo nacional
estatal, a cuya dirección tendrán acceso los trabajadores y sus organizaciones,
el cual asumirá la jubilación de todos los colombianos cotizantes y no
cotizantes que sobrepasen la actual edad vigente de jubilación. Las cajas de
compensación familiar serán organismos de promoción de la recreación de los
trabajadores y serán dirigidos por estos. Se creará el ministerio de cultura y
deporte el cual organizará programas de formación, promoción y
profesionalización en todos los rincones del país, al cual tendrá acceso sin
restricción toda la población.
H.
Creación de un sistema nacional de nutrición. El Estado creará un sistema especial de nutrición
para toda la población, haciendo énfasis en los sectores más vulnerables -niños,
mujeres embarazadas, ancianos, desempleados, menesterosos‐. Mediante éste se brindarán
alimentos a aquellos que hoy no los tienen -programa especial de acceso a
bienes básicos‐, se desarrollarán programas especiales de tratamiento a la
población que sufre hambre y desnutrición y programas generales para mejorar la
dieta y la salud de todos los colombianos.
I.
Apoyo a la producción nacional industrial. El Estado creará un Instituto de Fomento Industrial
para reindustrializar el país, promoviendo el desarrollo en bienes de capital, materias
primas industriales y en la transformación de bienes básicos de empresas estatales,
cooperativas autogestionarias y la pequeña y mediana industria. Se promoverá, al
mismo tiempo, la diversificación industrial y la promoción de empresas estatales
latinoamericanas que puedan competir con las multinacionales globales. Se
suprimirán las zonas francas y las zonas especiales de exportación. El
ejercicio de las leyes nacionales cobijará sin excepción todo el territorio
nacional.
J.
Desarrollo de la minería y la producción de energía respetando los derechos de
los pueblos y el medioambiente. La producción energética será
nacionalizada y desprivatizada, lo mismo que la
explotación minera. Nos asociaremos con empresas extranjeras únicamente en la construcción de complejos mineros o
energéticos siempre y cuando estas nos transfieran tecnología, maquinaria y
equipos. Se prescribirán los
contratos
actuales de concesión y/o asociación, el sistema de regalías, de impuestos a
los operadores, de tratamiento a sus
inversiones y de giros de sus excedentes al exterior. Se obligará a todas las empresas no sólo a desarrollar consultas a los
pueblos para lograr la aprobación de los proyectos de
explotación sino también a aplicar las normas más avanzadas de conservación medioambiental en ellas.
K.
Reforma Financiera Los pocos dueños de los bancos han tenido una bonanza sin precedentes
con el presente gobierno. Se han ganado más de 100 millones de millones en los
últimos diez años. La política implementada tanto por Uribe Vélez como por
Santos indudablemente ha contribuido profundamente a modificar la distribución
de la riqueza en el país a favor de los más poderosos. Para cambiar esa
realidad es preciso nacionalizar la banca y todas las operaciones financieras y
que el Estado cree un banco especial de fomento para los medianos y pequeños
productores, refuerce el banco agrario para darle financiación subsidiada y
seguros agrícolas a los campesinos y elimine el subsidio a los terratenientes,
funde un banco para financiar los programas de vivienda, prohíba las operaciones
especulativas, reduzca la tasa de intermediación, la cual no excederá los 10 puntos
anuales, elimine los cobros de servicios a los usuarios, suprima el perverso
sistema de financiación de deuda interna por agentes privados, acabe con el 4
por mil e imponga la Tasa Tobin a las transacciones financieras internacionales
y nacionales, cuyos recursos se destinarán a combatir el hambre y la pobreza, a
inversión social y a construir infraestructuras y generar empleos, y prohíba
las operaciones con paraísos fiscales. Se modificará el papel del Banco de la
República, este será el único tenedor de divisas, colocará parte de sus
reservas internacionales en el Banco del Sur y la otra parte las mantendrá en
Colombia, será prestamista de última instancia para la nación y apoyará la banca
de fomento. Se examinará el monto de deuda externa y la que no corresponda a la
deuda real no se pagará. Se suprimirán las emisiones y colocaciones de bonos en
las actuales condiciones. Colombia promoverá, como alternativa, la formación de
un sistema de préstamos entre países latinoamericanos que no sea oneroso para
ninguno de ellos. Además, se cancelará todo acuerdo, tratado o compromiso
adquirido que no sea favorable al país con el Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, la Organización
Internacional del Comercio y el Banco Interamericano de Desarrollo.
L. Un
nuevo relacionamiento con el capital extranjero. Colombia seguirá recibiendo capital
extranjero pero restringiendo su operación en los sectores estratégicos -minas,
finanzas, industrias básicas, servicios públicos‐, obligando a los capitalistas
foráneos a asociarse con el Estado, a recapitalizar sus utilidades, a respetar
las leyes nacionales e internacionales, a respetar los derechos de los
trabajadores y de los pueblos y a no intervenir en los asuntos internos de
nuestra nación. Las empresas transnacionales que se les compruebe haber estado
involucradas en crímenes contra los trabajadores, sectores sociales, activistas
de derechos humanos, activistas políticos y los pueblos que conforman nuestra
nacionalidad, serán obligadas a indemnizar a sus víctimas; los propietarios y
administradores que sean responsables de tales hechos serán condenados y deberán
pagar sus penas en cárceles colombianas y las operaciones de las mencionadas
corporaciones, subsidiarias o cualquier tipo de representación serán prohibidas
en todo el territorio nacional.
M.
Reforma fiscal. Los más ricos pagarán una suma cada vez más elevada de impuestos al Estado
con el fin de financiar la redistribución de la riqueza en el país. Colombia es
uno de los países más inequitativos del planeta en cuanto la distribución del
acervo económico en la sociedad. Requiere el país una urgente redistribución de
los ingresos entre los 45 millones de colombianos. La manera más rápida de
hacerlo es modificando la estructura de impuestos que existe actualmente donde
los consumidores pagamos el 75% de ellos mientras los capitalistas pagan únicamente
el 25%. En ese sentido, se aplicará un impuesto de renta más alto a los grandes
propietarios, se gravará a las empresas, a los tenedores de acciones o bonos y,
en general, a los grandes rentistas. Al mismo tiempo, se reducirán notablemente
los impuestos a los trabajadores y a los consumidores. Se reorientará el gasto
público, reduciendo notablemente los montos dedicados al pago de deuda externa e
interna. Estos se limitarán a excedentes que queden después de haber cubierto
el gasto social e invertido en los programas de desarrollo, que serán la
prioridad en la ejecución del presupuesto estatal. Una vez se certifique el
verdadero acumulado de la deuda y quienes tienen derecho a cobrarla, se
acordará como pagarla sin que ello vaya en prejuicio del país. Igualmente, se
reducirá drásticamente el presupuesto de guerra, el cual se adecuará las
necesidades básicas de defensa nacional. Con ello nos ahorraremos aproximadamente
40 billones de pesos anuales, que podrán ser invertidos en el fortalecimiento
económico y social del país.
2. Recuperación y
defensa de la soberanía nacional. El dominio de los capitalistas extranjeros
sobre nuestro país es total. Ellos controlan la explotación de las materias primas
estratégicas como son los minerales -carbón, níquel, oro, plata y platino--‐,
los energéticos -petróleo, gas, hidroenergía‐ la producción y/o
comercialización de las plantaciones agrícolas -café, banano, palma africana,
flores, caña de azúcar‐, los mercados, las infraestructuras y tienen ya una
presencia muy importante en sectores como las finanzas, la salud, la educación,
comunicaciones, transportes y servicios públicos.
Para garantizar sus intereses, nos han impuesto el modelo neoliberal,
los Tratados de Libre Comercio (TLCs), el Plan Colombia y recientemente el acuerdo
de instauración de bases militares gringas en nuestro territorio. Ello no sólo
viola la soberanía nacional, sino que se convierte en una afrenta contra
nuestros vecinos, pues nos transforma en el matón del subcontinente. Por tal
razón, recuperaremos la soberanía nacional, limitaremos los sectores, el alcance
y el peso de la inversión extranjera mediante una legislación que privilegie el
interés nacional sobre el de las corporaciones. Aquellas que no contribuyan al
desarrollo nacional y al bienestar de la población no deben operar en Colombia.
El Plan Colombia llegará a su fin. Este es un plan de intervención militar
estadounidense y de agresión principalmente contra el campesinado y los pueblos
indígenas y afrodescendientes a fin de posibilitar su expropiación y la
explotación de ingentes recursos naturales que están dentro de sus territorios.
Igualmente, anularemos el acuerdo de bases militares y juzgaremos por traición
a la patria al presidente de la república y a los ministros de defensa, interior
y relaciones exteriores que los firmaron. También se juzgarán por los mismos
cargos contra los ministros de hacienda y comercio exterior, el director de
planeación nacional y los negociadores en jefe de las comisiones de negociación
que negociaron y firmaron los distintos TLCs, acuerdos que llevarán a la ruina
a los productores nacionales no monopolistas. Dichos tratados se revocarán y
serán reemplazados por acuerdos de provecho mutuo, en pie de igualdad, privilegiando
la relación e integración comercial con el bloque latinoamericano. De la misma
forma, el Estado colombiano desistirá de aquellos acuerdos económicos, políticos
o militares que violan nuestra soberanía o afecten los intereses nacionales.
3. Democracia. Lucharemos por que la organización del
Estado, la república, sea democrática. Es decir, sea garante de los derechos de
las mayorías a organizarse, movilizarse y tener todas las libertades políticas,
así como a ejercer los derechos de los pueblos y los derechos económicos,
sociales y culturales. Toda legislación represiva que coarte las libertades
colectivas y los derechos individuales del pueblo será eliminada. Habrá un
adecuado equilibrio de las diversas ramas del poder público. El Congreso será
reemplazado por una Asamblea Nacional y no seguirá siendo un legislador de
bolsillo en poder de los grandes grupos oligárquicos y dueños de
multinacionales, de los políticos corruptos y narcoparamilitares y del presidente
de la república y sus áulicos. Se desprivatizará el ejercicio del poder político.
Éste se convertirá en verdadero representante de las mayorías. No se legislará
para el beneficio de pocos, como ocurre actualmente, sino para los que hasta
ahora son excluidos. Se transformará el actual régimen político, que obedece a
una dictadura civil sustentada en una legislación y constitución cada vez más
antidemocrática, en la violencia paramilitar y la guerra, por una constitución
democrática, elaborada con la participación directa de la población. En ese sentido,
se transformarán las normas y procedimientos reguladores que determinan la relación
entre los diferentes estamentos del Estado y el ejercicio del poder político.
Se cambiará, así mismo, el papel de los partidos políticos y su relacionamiento
con la sociedad y con el Estado, acabando de raíz con el gamonalismo y el
control político a través de las armas sobre la población. De igual manera, se
modificará el tipo de organización territorial de la república, desarrollándose
un proceso acelerado de descentralización y de reorganización territorial. Las
nuevas entidades territoriales responderán más a su identidad cultural,
histórica, económica y social y no al capricho e intereses políticos de los
gamonales. Se crearán entidades autónomas con legislaciones especiales donde
los pueblos indígenas, afrodescendientes y raizales ejerzan funciones de gobierno
sin que ello implique la ruptura de la unidad nacional. Se reformará la
justicia para hacerla eficiente, acabar con la impunidad, la corrupción, el
tráfico de influencias y su aplicación discriminatoria sobre los más pobres. Se
acabará la concepción antiterrorista que se ocupa de combatir el enemigo
interno, con lo que la justicia termina siendo un apéndice del militarismo, el
paramilitarismo y la violencia oligárquica en vez de ser garantista de los
derechos de los colombianos. Se separará
la justicia de la doctrina de seguridad democrática, la cual también será
suprimida, mientras se erradicará el actual sistema acusatorio, que será
reemplazado por un sistema donde se combinará el aparato profesional - jueces y
fiscales, quienes recibirán una formación especial para superar la visión
represora que ha imperado históricamente en el país- con la justicia popular.
La fiscalía y la rama judicial se reestructurarán y depurarán para convertirlas
en entes profesionales capaces de encontrar pruebas para juzgar a quienes hayan
cometido delitos contra la población. Se acabará con el fuero militar y todos
los delitos que cometan los militares serán juzgados por tribunales civiles.
Todas las formas de elección actual de las altas cortes, fiscalía,
procuraduría, contraloría se modificarán y se someterán a elección popular.
4. Paz. La insurgencia es un fenómeno histórico
que hunde sus raíces principalmente en la injusta distribución de la propiedad
de la tierra existente a lo largo de los tiempos en el país y un brutal régimen
político antidemocrático imperante en la nuestra historia republicana, donde no
ha habido nunca asomos de democracia. Gobierno como los de Rafael Reyes,
Laureano Gómez, Julio Cesar Turbay y Álvaro Uribe, por mencionar sólo algunos,
son ejemplos de la forma como los ricos han resuelto violentamente las contradicciones
con los pobres. Debemos librarnos para siempre de semejantes formas de gobierno.
Para ello hay que considerar que la lucha insurgente existe, que es una
expresión política y no terrorista, término acuñado por los halcones del
gobierno del primer Bush y acogido entusiastamente por la oligarquía
narcoparamilitar fascista. Por tanto, es necesario llegar a un acuerdo de
solución política para resolver los problemas que originaron la guerra y las
aspiraciones económicas, sociales y políticas básicas de los insurgentes. Igualmente,
debe pactarse una tregua indefinida con ellos, liberar a los presos políticos,
cesar el tratado de extradición con los Estados Unidos, realizar una
negociación política a fin de parar la guerra de inmediato y llegar a un
acuerdo definitivo de paz. Paralelamente se reducirá drásticamente el gasto
militar, parte del cual se invertirá en programas especiales de desarrollo de
las zonas más atrasadas donde ha sido más fuerte el conflicto -la Amazonía, los
Llanos Orientales, el Catatumbo, los Montes de María, el Magdalena Medio, el
Oriente y Nordeste Antioqueño, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Nudo de
Paramillo, el Oriente del Cesar, Arauca y otros mas-. Se desmontará gran parte
del aparato militar. Colombia no debe tener más allá de 150 mil soldados,
aviadores, marinos y policías, que son los necesarios para mantener la
seguridad interna y la defensa nacional. Los funcionarios del ejecutivo,
incluido el presidente de la república, sus ministros y consejeros, así como los
altos directivos del DAS y los autores materiales de crímenes ejecutados desde
esa entidad, serán juzgados por tales delitos. Habrá supresión de toda
intervención política y militar en otros países y ruptura de todos los tratados
y acuerdos militares y políticos con el gobierno de los Estados Unidos, Reino
Unido, Israel y España, incluidos el Plan Colombia y el de bases militares. Se
proscribirá para siempre la política de seguridad democrática, que sirve
únicamente para proteger y defender los intereses de los ricos extranjeros y nacionales,
narcotraficantes, paramilitares, políticos adeptos al régimen. Esa política de
impunidad, de crímenes de Estado, de protección a delincuentes, de persecución
indiscriminada contra activistas sociales, políticos, de derechos humanos y
gente del pueblo en general y de intervención militar en otros países, violando
las más elementales normas internacionales de convivencia pacífica, será
reemplazada por una nueva doctrina de seguridad y defensa que hace énfasis en
seis aspectos: remoción de las causas económicas, sociales y políticas que dan
origen a los conflictos y a la comisión de delitos; una amplia política de prevención
del delito -campañas de educación de los jóvenes, formación de comités de
defensa popular, etc.-, programas de rehabilitación de delincuentes y
modificación profunda del sistema carcelario, aplicación de una justicia eficaz
que permita eliminar la impunidad, aplicación de la represión limitada a fin de
acabar con las expresiones organizadas de la delincuencia común que vienen
azotando al país: paramilitarismo, narcotráfico y bandas armadas en las grandes
ciudades. Además, promoveremos un acuerdo de política de seguridad colectiva
regional, reforzando el consejo de seguridad suramericana y la integración en
este campo de todos los gobiernos progresistas que hay en el subcontinente, lo
que permitirá reducir los arsenales en los países suramericanos y cualquier
asomo de agresión entre ellos.
5. Medioambiente. Los daños ambientales por las
explotaciones minerales, agrícolas, forestales, industriales y por obras de
infraestructura efectuadas por dueños y administradores de multinacionales y grandes
grupos financieros nacionales son inmensos. Bosques destruidos, aguas contaminadas,
afluentes desecados, bastas zonas inundadas, avance de la desertización en
algunas partes del país, contaminación acelerada de las ciudades, producto del
tipo de explotación inviable que desarrollan los capitalistas, son los efectos
más demostrativos de la política que impulsa el Estado de los ricos y sus
sucesivos gobiernos. Ante semejante desastre, haremos que tales empresas
indemnicen a la nación a los entes territoriales y a los sectores sociales afectados.
Igualmente, impulsaremos una profunda reforma al ministerio del medio ambiente,
el cual será desligado de los intereses propios de los dueños de las multinacionales
y los grupos oligárquicos locales. Por otra parte, lanzaremos un ambicioso
programa de recuperación de la base ambiental, de prevención de daños
ambientales y de conformación de una comisión independiente compuesta por
expertos ambientalistas de probada trayectoria, representantes de las
organizaciones de los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los
afrodescendientes y los sectores populares, que será la que se encargue tanto
de desarrollar las consultas con los sectores involucrados como de otorgar las
licencias a los proyectos que se vayan a desarrollar. No podrán operar conglomerados,
subsidiarias, contratistas o concesionarios que hayan destruido en el pasado
recursos ambientales ni tampoco se permitirá la ejecución de obras o explotaciones
que realmente no protejan los ecosistemas existentes en el país.
6. Integración
Latinoamericana. Colombia se comprometerá a fondo con la integración latinoamericana y
la liderará. Se incorporará al Alba y pedirá ingreso en el Mercosur, propugnando
allí por la construcción de un mercado único para Suramérica. En ese sentido,
promoveremos una integración entre iguales, que incluye un programa de apoyo por
parte de las economías más fuertes a las más débiles, la negociación comercial
como mercado único con las grandes potencias y la formación de una economía
unificada en el subcontinente que incluya la formación de empresas
transestatales, que compitan con las grandes multinacionales globales. Propondremos
que la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se convierta en la base para la integración económica y
política de los países de la subregión y en organismo supranacional de
unificación que nos conduzca a la construcción de la Unión de Naciones
Latinoamericanas. Presentaremos, además, una propuesta a los países de esta
área para convertir al Banco del Sur en el único instrumento multilateral de financiación
para la región. En la misma dirección, coadyuvaremos en la integración monetaria,
con el lanzamiento de la moneda única suramericana, a la energética, con el fortalecimiento
de Petrosur y la creación de un plan y mercado único de energía, que involucre
las potencialidades y complementariedades que tienen en este campo todos los países,
así como la integración de vías y medios de transporte. Por lo demás, profundizaremos
la unidad política suramericana con el fortalecimiento de Unasur, la adopción
de la libre movilidad de connacionales por todo el subcontinente y del
pasaporte único suramericano, la creación del parlamento suramericano, la adopción
de una constitución única y la creación de instituciones económicas, políticas
y de defensa supranacionales, entre ellos consolidar el Consejo de Defensa
Suramericano, garante de la resolución de conflictos entre cualquiera de
nuestras naciones sin injerencia exterior de ningún tipo. Las diferentes
naciones suramericanas considerarán a Estados Unidos una potencia
extracontinental que no deberá bajo ningún pretexto, intervenir en los asuntos internos
de nuestras naciones. En ese sentido, Colombia abolirá el Plan Colombia y no permitirá
que su territorio sea usado por tropas extranjeras bajo ningún motivo, en consecuencia,
exigirá el retiro de todas las bases, tropas, asesores, agentes secretos y contratistas
civiles vinculados al Pentágono y al gobierno de los Estados Unidos o a cualquier
otra potencia.
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